Barcelona. (Efe).- El presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, ha pedido un tratamiento "especial" desde el punto de vista competencial para la veguería de Barcelona, mientras que el Penedès se ha reivindicado como octava veguería a través del presidente de la plataforma que lo reclama, Fèlix Simon.
Ambos han comparecido esta mañana en el Parlament para dar su opinión sobre el proyecto de ley de veguerías, que prevé estructurar Catalunya en siete partes: Barcelona, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Girona, Terres de l'Ebre y Camp de Tarragona. Fogué ha coincidido con sus homólogos de Girona, Enric Vilert; y Lleida, Jaume Gilabert, en que el objetivo debe ser lograr el máximo consenso posible entre todas las administraciones, pero ninguno de ellos ha criticado el proyecto de ley del Govern.
Los presidentes de la Diputación de Lleida y Girona, ambos de ERC, han defendido sin fisuras la ley redactada por el conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, mientras que Fogué, "satisfecho" por los cambios introducidos, aún ve "margen de mejora" en el texto.
Por una parte, Antoni Fogué ha reclamado un trato diferenciado para la veguería de Barcelona -"no privilegios", ha aclarado- dada su densidad de población, sus dos coronas urbanas y su complejidad urbanística y en materia de movilidad. Ha reivindicado un modelo "asimétrico" que permita a cada veguería tener más o menos funciones de acuerdo a sus necesidades, y ha pedido una "financiación justa" y más competencias para el nivel intermedio de administración.
Por otro lado, ha alertado de que, cuando la provincia de Barcelona quede repartida entre la veguería de Barcelona y la de la Catalunya central, los habitantes de esta segunda veguería "no pueden perder calidad en la prestación de servicios". El presidente de la Diputación de Lleida, por su parte, ha defendido los consejos comarcales, pero ha planteado suprimir su "papel político", y ha augurado que la implantación de las veguerías comportará suprimir más de 200 cargos políticos en Lleida. Tanto Gilabert como Vilert han destacado que la ley de veguerías es un mandato estatutario y que hay que afrontarlo aunque el Parlament esté en la parte final de la legislatura.
Gilabert ha defendido que ningún alcalde de la zona rechaza la veguería del Alt Pirineu, mientras que su homólogo de Girona ha asegurado que la legislación actual impide satisfacer los deseos de mayor identidad de la comarca de la Cerdanya.
Una de las intervenciones más críticas con la ley la ha protagonizado Fèlix Simon, presidente de la Plataforma por una veguería del Penedès, que ha avisado de que "el país no tendrá ni salud social ni política" hasta que esta zona tenga una "identidad" propia, y ha pedido "ayuda" a los diputados. Ha reivindicado el "derecho a emanciparse" del Penedès, y ha criticado que esta zona haya estado partida en "dos provincias" (Barcelona y Tarragona) y pueda estarlo ahora entre tres veguerías. Simon ha denunciado que el Govern "ha dado la espalda" a las demandas del Penedès, y ha alertado de que, en las elecciones catalanas, los habitantes de esta zona apoyarán a los partidos que respalden su "emancipación", puesto que 63 de los 73 ayuntamientos del Penedès piden una veguería propia.
El debate sobre este ámbito ha generado un intercambio de reproches entre PSC y CiU, federación que, como el PPC, ha garantizado su apoyo a la creación de esta veguería, mientras que ERC e ICV dejan abierta la puerta a crear este ente en el futuro. Por su parte, Amadeu Gallart, en representación del manifiesto por la veguería del Alt Pirineu, ha dejado claro que, aunque el Govern ha agrupado al Pirineo y a la Vall d'Aran en una misma veguería, los firmantes de este manifiesto respetan la solución que puedan acordar los habitantes de este valle y el ejecutivo catalán.
